Cuestioné a la escuela de mis hijos y luego la policía llegó a mi puerta
Soy una madre de tres hijos en Portland. Mi hijo mayor, que ahora tiene 26 años, asistió a la Escuela Primaria Lewis y tuvo una experiencia tan positiva allí que mi esposo y yo construimos nuestra casa a solo unas cuadras de Lewis para poder enviar a nuestros dos hijos menores allí también. Lewis no era solo la escuela de nuestro vecindario; era la escuela que nuestra familia ya conocía y en la que confiaba.
He vivido toda mi vida en Portland, Oregón. También soy cristiana y creo que los padres tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué se les está enseñando a sus hijos. Nunca imaginé que preguntar provocaría que me prohibieran la entrada a la escuela de mis hijos.
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Comenzó cuando mi hijo de 11 años trajo a casa una tarea sobre la “flor de la identidad” que le exigía identificar su género y compartir su respuesta con su clase. No recibí ningún aviso previo ni la oportunidad de eximirlo de un ejercicio que entraba en conflicto con mis creencias.
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Así que hice lo que hacen los padres cuando no entienden algo que sucede en el salón de clases de sus hijos: pregunté.
Cuando solicité una reunión con la directora, llegué y encontré a tres miembros adicionales del personal esperándome, incluidos los maestros de mis dos hijos y un consejero escolar. Mis preguntas difícilmente eran revolucionarias: ¿Qué significaba “género” en esta tarea? ¿Qué se les había enseñado a los niños? ¿Por qué no se había informado a los padres?
En un momento, la maestra de mi hijo alzó la voz y exigió: “¿Por qué necesitas saberlo?”.
Porque es mi hijo.
Todavía me resulta asombroso que esto requiriera una explicación.
Los materiales que finalmente obtuve solo suscitaron más preguntas. Instruían a los niños a considerar qué género “se siente correcto” para ellos ese día y sugerían que la respuesta podría cambiar más adelante.
La gente puede discrepar sobre si eso pertenece al aula de una escuela primaria. Lo que no debería ser controvertido es el derecho de un padre a saber que está sucediendo.
Me uní a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) en parte para poder plantear estas inquietudes allí, pero cuando pedí la palabra, me lo prohibieron. Con esa vía cerrada, escribí una carta abierta a otros padres y la distribuí pacíficamente desde una acera pública fuera de la escuela.
Luego vino una discusión con otro padre durante la hora de salida. Su esposa y yo habíamos estado hablando respetuosamente cuando él nos interrumpió, gritando repetidamente: “¡La gente blanca es repugnante!” al alcance del oído de los niños. Califiqué sus comentarios de racistas, usé un lenguaje del que me arrepiento y me alejé. No lo amenacé. No lo agredí. No fui arrestada.
A la mañana siguiente, agentes de policía llegaron a mi casa.
Frente a mis vecinos, me entregaron una orden que me prohibía ingresar a la escuela de mis hijos durante un año calendario completo por un supuesto comportamiento dañino y amenazante.
El hombre que me alzó la voz, que yo sepa, no recibió ninguna orden de restricción.
La directora luego envió un correo electrónico a la comunidad escolar, acusándome de “acoso, intimidación y comportamiento amenazante” y refiriéndose a mis puntos de vista como “discurso de odio”. Se les dijo a los padres que me denunciaran si me veían en las instalaciones.
Apelé. Las Escuelas Públicas de Portland (PPS) me otorgaron una “audiencia” de 30 minutos por Zoom dirigida por un panel compuesto por dos conserjes y un entrenador de baloncesto. Un panelista vaciaba botes de basura mientras yo hablaba. No se convocó a testigos ni se presentó evidencia significativa.
Ratificaron la orden y, debido a que lo hicieron, me perdí la graduación de quinto grado de mi hijo.
Los niños tienen una sola graduación de quinto grado, y los padres tienen una sola oportunidad de estar allí para presenciarla. Otros niños miraban a sus madres cuando cruzaban ese escenario. Mi hijo me buscó y vio una silla vacía.
PPS no había terminado.
Cuando más tarde me opuse públicamente a la forma en que me habían tratado, el distrito amenazó con algo mucho más grave: amenazó con prohibirme permanentemente la entrada a todas las propiedades de PPS.
A mi hija todavía le quedan años en esta escuela primaria y mi hijo está comenzando la escuela secundaria. El mensaje era difícil de malinterpretar: sigue hablando y serás excluida de sus escuelas para siempre.
Así que me detuve.
Esa es la parte de esta historia que debería preocupar a las personas, independientemente de lo que piensen sobre el género, la política o sobre mí.
El gobierno no tiene que taparle la boca a alguien con cinta adhesiva para silenciarla. Solo tiene que hacer que el precio de hablar sea lo suficientemente alto. Para mí, ese precio era la posibilidad de perder el acceso a las escuelas de mis hijos para siempre. Y por un tiempo, funcionó.
Pero los padres no necesitan el permiso del gobierno para preguntar qué les están enseñando los empleados públicos a sus hijos. No renunciamos a nuestro derecho a criticar a los funcionarios públicos cuando inscribimos a nuestros hijos en escuelas públicas. El desacuerdo no se convierte en “acoso” simplemente porque los funcionarios consideren que quien habla es difícil o que sus opiniones no son bienvenidas.
Por eso estoy demandando a PPS.
No le estoy pidiendo a un tribunal que esté de acuerdo con mis opiniones. Le estoy pidiendo al tribunal que afirme que los funcionarios gubernamentales no pueden castigar a los padres por cuestionarlos, y que el acceso a la educación de nuestros hijos no puede depender de decir únicamente lo que esos funcionarios quieren escuchar.
No puedo recuperar la graduación de mi hijo. Ese día ya pasó. Pero puedo negarme a dejar que el miedo me silencie.
