El gobernador de Carolina del Sur McMaster firma un proyecto de ley que protege a las iglesias del cierre forzado durante las pandemias
El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó una ley que prohíbe al estado imponer mayores restricciones a los lugares de culto que a los servicios esenciales durante un estado de emergencia.
McMaster promulgó el proyecto de ley 3105 de la Cámara de Representantes el lunes, que establece que el gobierno “no puede limitar la capacidad de una organización religiosa para continuar operando y participar en servicios religiosos durante un estado de emergencia en mayor medida de lo que limita las operaciones o servicios de otras organizaciones o empresas que brindan servicios esenciales”.
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La legislación continúa diciendo que el estado puede “exigir a una organización religiosa que cumpla con requisitos neutrales de salud, seguridad u ocupación durante un estado de emergencia” siempre que sean “aplicables a todas las organizaciones o empresas que brindan servicios esenciales” y “no imponer una carga sustancial a los servicios religiosos” a menos que exista un “interés estatal apremiante”.
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Alliance Defending Freedom, un bufete de abogados que ha representado a muchas iglesias que demandaron a los estados por las restricciones de bloqueo de COVID-19 en curso que se consideraron inconstitucionales, celebró la noticia de la firma de la ley de Carolina del Sur.
El asesor legal de ADF, Greg Chafuen, dijo en un comunicado publicado el martes que “la Primera Enmienda prohíbe al gobierno tratar los lugares de culto y las organizaciones religiosas peor que los centros comerciales, restaurantes o gimnasios”.
“Este proyecto de ley da el paso modesto de garantizar que los funcionarios no puedan usar una crisis pública para discriminar las operaciones religiosas en violación de la Constitución”, afirmó Chafuen.
“Felicitamos al gobernador McMaster y a la Legislatura de Carolina del Sur por tomar medidas para defender la libertad religiosa en Carolina del Sur”.
Principalmente patrocinada por el representante estatal Richard Yow de Chesterfield, la HB 3105 fue aprobada por la Legislatura de Carolina del Sur a principios de este mes, con una votación de 39 a 2 en el Senado y 102 a 9 en la Cámara.
Durante la pandemia de COVID-19, se acusó a muchos gobiernos estatales y locales de tratar a las iglesias peor que a entidades seculares comparables al emitir políticas de cierre destinadas a frenar la propagación del coronavirus.
En noviembre de 2020, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó 5-4 en la Diócesis Católica Romana de Brooklyn v. Cuomo que Nueva York había señalado injustamente a ciertos grupos religiosos en sus restricciones de reunión.
“Los miembros de este Tribunal no son expertos en salud pública, y debemos respetar el juicio de aquellos con especial experiencia y responsabilidad en esta área. Pero incluso en una pandemia, la Constitución no se puede guardar y olvidar”, concluyó la mayoría.
“Las restricciones en cuestión aquí, al prohibir efectivamente que muchos asistan a los servicios religiosos, golpean el corazón mismo de la garantía de libertad religiosa de la Primera Enmienda”.
A principios de este mes, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, firmó una ley similar, que eximía a las casas de culto de medidas de emergencia específicas a menos que “dichas casas se hayan vuelto inseguras hasta el punto de justificar su expropiación en ausencia de un estado de emergencia”.
