San Francisco debe re-contratar a empleados cristianos despedidos por negarse a vacunarse contra el COVID
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la ciudad de San Francisco debe volver a contratar a los empleados que fueron despedidos de sus trabajos porque se negaron a recibir la vacuna contra el COVID-19, revirtiendo una decisión de un tribunal inferior.
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En un fallo unánime emitido la semana pasada, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó que San Francisco debe volver a contratar a los empleados que fueron despedidos de sus trabajos porque se negaron a cumplir con un mandato que requería que todos los empleados de la ciudad se vacunaran contra el COVID-19. Las apelantes en el caso, Selina Keene y Melody Fountila, se opusieron a recibir la vacuna contra el COVID-19 por motivos religiosos.
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Si bien Keene y Fountila fueron consignadas como apelantes, otras más de 100 personas más también fueron nombradas como demandantes. Los acusados fueron la ciudad y el condado de San Francisco, la alcaldesa London Breed y los directores de la Biblioteca Pública de San Francisco y el Departamento de Salud Pública de San Francisco.
La opinión del panel del tribunal de circuito citó el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2020 en el caso de la Diócesis Católica Romana de Brooklyn contra Cuomo, que anuló las restricciones al culto impuestas por el estado de Nueva York debido al COVID-19, al afirmar que “la Corte Suprema ha reconocido que la pérdida de las libertades religiosas protegidas, ‘incluso por períodos mínimos de tiempo, constituye indudablemente un daño irreparable’”.
“La decisión coaccionada de los apelantes entre su fe y su sustento impuso un daño emocional que ahora no se puede deshacer por completo”, afirmó el fallo del panel.
“La conclusión de San Francisco de que las creencias religiosas de los apelantes eran insuficientes para justificar cualquier adaptación solo puede describirse como una ‘afrenta a la dignidad’... Las circunstancias que rodearon al despido de los apelantes constituyen un daño irreparable”.
El fallo concluyó reiterando que “los apelantes siguen despedidos de manera constructiva, obligados a elegir entre sus creencias religiosas y sus carreras” y ordenó al tribunal de distrito que “otorgue la medida cautelar preliminar de conformidad con esta disposición del memorando”. También señaló que el requisito de la inyección COVID-19 de San Francisco ya no está vigente, lo que significa que “no hay carga” para la ciudad por el “incumplimiento” de los demandantes.
Durante la pandemia de COVID-19, hubo muchos litigios sobre varios mandatos estatales y federales sobre la vacuna, y algunos argumentaron que los requisitos violaban sus objeciones religiosas sinceramente sostenidas a la inyección.
Estas objeciones religiosas incluían preocupaciones éticas sobre el hecho de que las inyecciones se desarrollaron a través de investigaciones que involucraban el uso de células fetales del aborto.
El fallo del jueves no es el único avance positivo para quienes perdieron el empleo por negarse a recibir la inyección COVID-19. En una orden ejecutiva publicada la semana pasada, el presidente Donald Trump ordenó la reintegración de los miembros del ejército estadounidense que fueron dados de baja por ese mismo motivo.
