Los grupos pro-vida continúan la batalla legal contra la ley de Nueva York que los obliga a contratar a personas que buscan trabajo a favor del derecho a decidir
Una iglesia y dos grupos pro-vida continúan su batalla legal contra una ley del estado de Nueva York que, según ellos, los obligará a contratar a personas que apoyen el aborto.
CompassCare, la Primera Iglesia Bautista Bíblica en Hilton y el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida presentaron su notificación de apelación la semana pasada ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.
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El tema en cuestión es una Ley Laboral de Nueva York que prohíbe a los empleadores discriminar a los empleados en función de sus decisiones de salud reproductiva, incluido el aborto.
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Los demandantes están siendo representados por Alliance Defending Freedom, una firma de abogados que ha argumentado y ganado casos de libertad religiosa en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“Es imperativo que los empleadores religiosos puedan continuar contratando personas de ideas afines que compartan sus creencias fundamentales, y ningún gobierno puede obligar a las organizaciones religiosas a contradecir esas convicciones”, dijo la consejera principal de ADF, Denise Harle, en un comunicado el viernes.
“Pedimos al Segundo Circuito que defienda las libertades constitucionalmente protegidas de nuestros clientes mientras cumplen con su servicio crítico a la comunidad”.
En noviembre de 2019, el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó el Proyecto de Ley del Senado 660, que se convirtió en Ley Laboral § 203-e y, entre otras cosas, prohibió a los empleadores exigir a los empleados que firmen un documento que “pretende negar a un empleado el derecho a hacer sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud reproductiva” y también les negó el acceso al historial de salud reproductiva de un empleado.
Poco después de la firma de la ley, los tres grupos presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, alegando que la ley era “un intento transparente de entrometerse en los asuntos de las organizaciones religiosas y pro-vida” al “forzar a para emplear y asociarse con aquellas personas que no comparten o viven de acuerdo con las creencias de las organizaciones con respecto al aborto, la anticoncepción y la impropiedad de las relaciones sexuales fuera del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer”.
A fines de marzo, el juez federal de distrito Thomas McAvoy prohibió permanentemente al estado hacer cumplir una disposición de la ley que requería que los grupos comunicaran la ley en los manuales de los empleados.
