Corte Suprema impide que las escuelas de California oculten a los padres la identidad de género de sus hijos
La Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de una política de las escuelas públicas de California que exige a los maestros ocultar información a los padres sobre si sus hijos se identifican como transgénero en la escuela.
En una opinión *per curiam* emitida el lunes por la noche, el máximo tribunal del país falló a favor de los padres que se oponían a la política estatal por diversas razones, incluidas objeciones religiosas.
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La decisión 6-3 permite que entre en vigor la orden de un juez federal contra el requisito estatal de que las escuelas oculten la información sobre la identidad de género a los padres a menos que cuenten con el consentimiento del menor, después de que un tribunal de apelaciones pusiera en suspenso el fallo del juez.
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El tribunal dictaminó que los padres que buscan exenciones religiosas "tienen probabilidades de éxito en el fondo de su demanda bajo la Cláusula de Libre Ejercicio", señalando que "las políticas de California probablemente activan el escrutinio estricto bajo esa disposición porque interfieren sustancialmente con el 'derecho de los padres a guiar el desarrollo religioso de sus hijos'". El tribunal no concedió una solicitud similar presentada por los maestros.
La opinión del tribunal concluyó que la política era una “intromisión en los derechos de libre ejercicio de los padres”, específicamente, de aquellos padres que tienen objeciones religiosas a la ideología LGBT.
“El Estado argumenta que sus políticas promueven un interés superior en la seguridad y privacidad de los estudiantes. Pero esas políticas excluyen a los principales protectores del interés superior de los niños: sus padres”, afirmó la opinión *per curiam*.
“El interés del Estado en la seguridad podría satisfacerse con una política que permita exenciones religiosas y al mismo tiempo impida la divulgación de la identidad de género a padres que pudieran cometer abusos. Por estas razones, es probable que los padres que se oponen a las políticas de California por motivos de libre ejercicio tengan éxito en el fondo de su demanda”.
La opinión señala que la política tenía problemas de “debido proceso”, indicando que “los padres —no el Estado— tienen la autoridad principal con respecto a la 'crianza y educación de los hijos'”.
“El derecho protegido por estos precedentes incluye el derecho a no ser excluido de la participación en las decisiones relativas a la salud mental de sus hijos”, añadió la opinión.
“Las políticas de California ocultan esa información a los padres y facilitan un cierto grado de transición de género durante el horario escolar. Es probable que estas políticas violen los derechos de los padres a dirigir la crianza y educación de sus hijos”.
La jueza Elena Kagan redactó una opinión disidente, a la que se unió la jueza Ketanji Brown Jackson, en la que criticaba la rapidez con la que la Corte Suprema abordó el caso.
“Al conceder una medida de emergencia, la Corte ni siquiera puede esperar a que un tribunal de apelaciones concluya su propio proceso para decidir sobre el mismo asunto”, escribió Kagan.
“La Corte se salta la fila, adelantándose al proceso normal (y notablemente reflexivo) *en banc* del Noveno Circuito. ¿Por qué esperar a que se desarrollen los procedimientos de apelación cuando la Corte ya sabe lo que quiere?”.
Kagan considera que el caso “presenta algunas cuestiones legales espinosas”, pero añadió que existían algunas cuestiones genuinamente preocupantes en relación con la política de California.
“La política de California, al privar a todos los padres de información crucial para la salud y el bienestar de sus hijos, podría haber cruzado la línea constitucional. Y eso, al final, daría derecho a los padres a obtener una reparación”, continuó.
“Sin embargo, la Corte estaría mucho mejor equipada para trazar la línea apropiada y explicar su base legal —en resumen, para aplicar el derecho de la manera correcta— si hubiera seguido nuestros procesos ordinarios”.
La Thomas More Society, el grupo legal que representa a los padres y maestros, calificó el fallo de la Corte Suprema como “la sentencia más significativa sobre los derechos de los padres en una generación”.
“Este es un momento decisivo para los derechos de los padres en Estados Unidos”, dijo Paul M. Jonna, consejero especial de la Thomas More Society. “La Corte Suprema le ha dicho a California y a cada estado de la nación en términos inequívocos: no se puede hacer la transición de un niño en secreto y a espaldas de sus padres. La histórica reafirmación por parte de la Corte del debido proceso sustantivo, su defensa de la libertad religiosa y su aprobación de una reparación colectiva sientan un precedente histórico que desmantelará las políticas secretas de transición de género en todo el país”.
En 2023, dos maestros presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California contra una política del distrito escolar que exigía a los funcionarios educativos ocultar la identidad de género preferida de un estudiante a sus padres, si el niño así lo deseaba.
Posteriormente, a los maestros se unieron padres de niños que habían hecho la transición en la escuela, pero cuya identidad de género preferida se mantenía oculta a sus familias. Se añadieron funcionarios estatales a la lista de demandados porque se determinó que las políticas afectaban a más de un distrito escolar.
En 2024, California aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los distritos escolares exigir a los funcionarios de la escuela que compartan información sobre la orientación sexual y la identidad de género de un estudiante con los padres del niño sin el consentimiento de este.
El pasado diciembre, el juez de distrito Roger Benitez del Distrito Sur de California, designado por George W. Bush, emitió una orden concediendo una orden judicial permanente contra las políticas del Departamento de Educación de California.
Benitez ordenó a los funcionarios y empleados estatales que se abstuvieran de “engañar al padre o tutor de un niño menor de edad en el sistema educativo sobre la presentación de género de su hijo en la escuela”.
La orden también prohibía a los empleados de la escuela usar “un nombre o pronombre para referirse a ese niño que no coincida con el nombre legal y los pronombres natales del niño, cuando el padre o tutor legal del niño haya comunicado su objeción a dicho uso”.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una solicitud de suspensión de la orden judicial, argumentando que las políticas hacen cumplir “leyes estatales de larga data que protegen a los estudiantes transgénero y de género no conforme que son vulnerables”.
“Si se permite que las órdenes permanezcan en vigor antes de que el Tribunal de Apelaciones tenga la oportunidad de revisarlas, alterarían irrevocablemente el statu quo y crearían caos y confusión entre estudiantes, padres, maestros y personal de las escuelas públicas de California”, afirmaba la solicitud.
“Y este caos y confusión surgirían varios días antes de las vacaciones de Navidad. A falta de al menos una breve suspensión, los demandados se verán obligados a solicitar una suspensión de emergencia al Noveno Circuito, justo antes de Navidad, lo que requerirá que ese Tribunal y sus empleados dediquen tiempo a la emergencia durante un feriado estatal y federal”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. concedió la suspensión solicitada días después, lo que llevó a los padres y maestros a presentar una apelación de emergencia ante la Corte Suprema.
