Abogado católico nicaragüense muere bajo custodia, su cuerpo muestra signos de tortura
Un abogado católico ha muerto bajo custodia policial en Nicaragua, la segunda muerte de este tipo en el lapso de una semana. El incidente es el más reciente en una serie de desapariciones y presuntos abusos bajo el régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Carlos Cárdenas Zepeda, asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue detenido por segunda vez el 19 de agosto en su casa en Managua. Doce días después, el 30 de agosto, su familia fue citada por las autoridades para identificar su cuerpo, tras haber sido mantenidos en la oscuridad sobre su paradero, según informó El País.
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El cuerpo de Cárdenas Zepeda fue encontrado con signos visibles de tortura física, según los informes.
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El caso se produce tras la muerte de otro prisionero político, Mauricio Alonso Petri, un hombre de 64 años cuyo cuerpo fue encontrado en la morgue después de 38 días de desaparición forzada. Había sido llevado sin explicación, y su familia solo fue contactada para la identificación y el entierro inmediato, bajo vigilancia policial.
Ambas muertes ocurrieron en medio de una escalada gubernamental de desapariciones forzadas a corto y largo plazo.
El aumento de las desapariciones comenzó alrededor del 19 de julio, cuando Ortega y Murillo conmemoraron el 46 aniversario de la revolución sandinista, lanzando una nueva ola de arrestos vista como parte de un esfuerzo de sucesión más amplio.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un grupo de monitoreo, registró al menos 33 arrestos durante ese período. Cinco de esos casos involucraron a familias enteras, incluida una niña de 12 años detenida junto con sus padres en Jinotepe, poco después de que el estado confiscara la escuela católica Colegio San José el 12 de agosto.
Los familiares de los detenidos se han abstenido de hacerlo público por miedo. Una fuente cercana a las familias fue citada diciendo que la policía entra en las casas sin órdenes judiciales y realiza arrestos sin importar la edad. Cualquiera que intervenga o cuestione a las autoridades es amenazado con prisión.
Algunos de los arrestados están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, también conocida como El Chipote Nuevo.
Las familias alegan que los detenidos están siendo torturados. Una fuente fue citada diciendo que los que están allí han sido sometidos a interrogatorios intimidatorios y agresiones físicas, con signos de tortura observados en algunos de ellos.
Entre los casos que atrajeron la atención pública estaba el del médico de 30 años, Yerri Estrada, arrestado en su hospital en Granada el 13 de agosto. Su madre, Rosa Ruíz, que lo ha estado buscando desde entonces, cree que fue atacado por su papel en las protestas y como miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
A ella le dijeron que él está en El Chipote Nuevo y que le habían arrancado las uñas, sus dedos estaban vendados por descargas eléctricas, y su cara hinchada y desfigurada.
De los 73 prisioneros políticos detenidos en Nicaragua, casi la mitad están desaparecidos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La muerte de Cárdenas Zepeda eleva el número de muertes conocidas bajo custodia en el régimen de Ortega a al menos seis desde 2019.
Dos de las víctimas anteriores fueron sandinistas prominentes: Hugo Torres, quien una vez había salvado la vida de Ortega, y Humberto Ortega Saavedra, el hermano del presidente y un general retirado que se había distanciado del gobierno.
Un informe de una coalición de ONG exiliadas, publicado días después de la muerte de Alonso Petri, documentó métodos de tortura, incluyendo ahogamiento simulado, palizas, ahorcamiento, posiciones forzadas y violencia sexual, presuntamente utilizados por las autoridades nicaragüenses. Otras tácticas citadas fueron amenazas a los miembros de la familia, privación del sueño y restricciones extremas de alimentos y agua.
La Iglesia Católica ha estado en desacuerdo con la administración de Ortega, particularmente desde las protestas de 2018 por las reformas de pensiones y seguridad social. Ese año, algunas iglesias dieron refugio a estudiantes manifestantes y enfrentaron represalias. En 2019, el gobierno revocó el estatus legal de la Asociación de la Iglesia La Roca de Nicaragua.
En marzo de este año, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dos días después de que un informe de la ONU acusara al régimen de suprimir los derechos humanos y la libertad religiosa. La experta de la ONU Ariela Peralta dijo en ese momento que el gobierno nicaragüense parecía estar "en guerra con su propio pueblo", una afirmación que la administración negó, calificando el informe de "difamación".
Las instituciones religiosas, particularmente las católicas, se han visto desproporcionadamente afectadas por una ley de 2018 que regula la financiación extranjera para ONG. Esa ley ha permitido al gobierno cerrar miles de organizaciones. Los grupos católicos han enfrentado prohibiciones de procesiones, vigilancia estricta y restricciones en el movimiento y las actividades del clero, según el grupo con sede en el Reino Unido Christian Solidarity Worldwide.
En un informe titulado “Control total: La erradicación de las voces independientes en Nicaragua”, CSW documentó 222 casos de persecución religiosa, incluyendo la detención arbitraria de 46 líderes religiosos en 2024. Algunos fueron liberados rápidamente, mientras que otros permanecen bajo custodia.
